San Cristóbal de las Casas, Chiapas a 19 de junio de 2011
Comunicado de prensa:
Informe: Caracoles Anegados. la situación actual de los damnificados por el taponamiento del río Grijalva.
Si el Gobierno de Sabines no atiende y resuelve hoy, mañana le pasará lo que a Mendiguchía.
Urgimos a la CNDH y al CDH de Chiapas a que agilicen y valoren las recomendaciones respectivas al respecto de los detenidos del 4 julio del 2010 quienes sufren un proceso injusto.
También, al gobierno estatal y a las fundaciones como Azteca y Fomento Social Banamex, entre otras, llamamos a que investiguen posibles fraudes en la construcción de la Ciudad Rural, para favorecer que la gente siga donando para ayudar a la población en casos de catástrofes.
HECHOS:
Han pasado más de tres años del desastre que hizo desaparecer por entero la comunidad Juan de Grijalva en Chiapas y, hasta hoy, además de brindar la oportunidad perfecta al gobierno de ese Estado para poner en marcha el ambicioso proyecto de Ciudades Rurales, más que solucionarse problemas en la zona, se ha generado la confrontación dentro de comunidades afectadas, la dispersión de sus habitantes y la represión de los movimientos sociales surgidos en el entorno, además de múltiples presos.
Recordemos que en noviembre del 2007, se desgajó un cerro sobre el rio Grijalva, bloqueando su cauce y haciendo desaparecer por completo la comunidad mencionada. Este desastre, al que se le sumó las estrategias de desazolve adoptadas por Conagua y la CFE para liberar dicho afluente, mantuvo bajo el agua por más de tres meses, al menos 404 casas de 33 pueblos y 960 mil hectáreas productivas.
Ante esta situación, gobiernos estatal y federal, CFE y CONAGUA, así como fundaciones de la iniciativa privada como Fundación Azteca y Fomento Social Banamex aportaron recursos y llevaron a cabo programas de ayuda: a favor de los damnificados, entre estos, por parte de los gobiernos: el pago de indemnizaciones y la compra de terrenos por debajo de los 100m al nivel del mar (nueva zona de riesgo en la costera del rio; también, por parte de iniciativa pública y privada, la construcción de la Ciudad Rural Nuevo Juan de Grijalva, anunciada como primer ciudad autosustentable en el mundo, que pretende dar hogar a los desplazados por el tapón además de presentarse como punta de lanza en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio esgrimidos por la ONU para estados en situación de pobreza
No obstante, es de aplaudir los esfuerzos y las iniciativas tanto privadas como públicas para ayudar a damnificados, así como toda contribución técnica y financiera que permita erradicar la pobreza. Preocupa gravemente que esta ayuda se lleve a cabo sin considerar la opinión y necesidades de la población que la recibe, en menoscabo de sus derechos, que se entregue o programe sin dar seguimiento a su utilización o que se abuse de la buena voluntad para cometer fraudes o con el fin ulterior de obtener un beneficio personal mayor. En el caso que aquí se toca, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), tras un trabajo de investigación a partir de visitas realizadas desde el año 2008 a la fecha (2011), ha elaborado un informe en el cual se manifiestan de manera preocupante una serie de irregularidades y conflictos sociales debido al abandono y corrupción en la entrega de recursos y realización de proyectos, y enumeramos los siguientes:
Baja calidad en la construcción de la Ciudad Rural, la cual contrasta con los avalúos de Catastro Chiapas donde se especifican oficialmente, materiales de construcción de mayor calidad, a los que a la vista fueron utilizados, como son: tubería de metal, siendo que en realidad son de plástico y tejas de metal, siendo que en realidad son de material reciclado, así como varios más. Situación que lleva a suponer la existencia de un fraude millonario en la construcción. Además, es evidente que no se tomo en cuenta la opinión de los pobladores pues estos manifiestan su descontento ante la lejanía de este proyecto con respecto a las tierras de trabajo, así como la inexistencia de espacios necesarios para cultivo o cuidado de animales. Asimismo, la Ciudad Rural está construida lejos de vías de tránsito importantes, por lo que depende sólo del consumo de sus habitantes, quienes al vivir en la pobreza y lejos de sus trabajos no cuentan con la capacidad de activar la economía interna, limitando el flujo de capital. Resultado de esto, es la desintegración social, pues mientras las familias tienen que quedarse obligatoriamente a habitar las casas para no perderlas (como reza el contrato), las cabezas de familia deben emigrar en busca de empleo.
Desintegración, enfrentamientos y abusos de autoridad en comunidades afectadas. Ante la falta de seguimiento de la entrega de recursos a los afectados y la expropiación de terrenos a los habitantes de zonas en riesgo, se aprecia una distribución irregular de las aportaciones económicas: mientras que la mayoría de damnificados tienen que mudarse con familiares y amigos, emigrando de sus comunidades, unos pocos, se enriquecen. Esta situación, aunada a la poca atención prestada por autoridades a reclamos, crea bandos, conflictos y un ambiente generalizado de miedo en las comunidades. Los damnificados denuncian el incumplimiento de compromisos por parte de autoridades estatales y municipales; abusos perpetuados por personal policiaco y acciones de presión contra quienes no aceptan el traslado, al grado de restringir los servicios de salud y educación a comunidades para provocar que se muden a la Ciudad Rural.
Criminalización de los movimientos sociales. El 4 de julio de 2010 ante las movilizaciones sociales realizadas en los municipios de Tecpatán y Frontera Coma lapa, las autoridades respondieron de manera brutal, utilizando todo el aparato represivo que tenían a su alcance.
Dada la poca respuesta de autoridades ante el descontento manifiesto de los afectados, estos últimos se han visto en la necesidad de organizarse en movimientos sociales. Además de la persecución, amenaza y acoso a quienes se mantienen en lucha dentro de las comunidades, se puede contar a 32 procesados relacionados con esta situación, que han sido acusados de delitos sin que se respete el derecho constitucional que toda persona tiene a saber quién le acusa, aunado a la debida fundamentación y motivación. En el caso de los detenidos del cuatro de julio, los delitos que se imputan son conspiración, atentados contra la paz y a la integridad corporal y patrimonial del estado, motín, asociación delictuosa y extorsión, entre otros. Todo esto con el fin de retenerlos en prisión y, a través del ejemplo de lo que puede pasar, ahogar las manifestaciones de descontento en relación al Tapón Grijalva.
En estas detenciones arbitrarias1 prevaleció el uso excesivo de la fuerza, abuso de autoridad y tortura. Los casos más representativos de ambos operativos es el de los señores Juan JIMÉNEZ LÓPEZ y Santos SALAS VÁZQUEZ. Este último fue quemado en ambos codos con un encendedor por los aprehensores, sin que hasta el momento haya algún avance en la investigación que se sigue ente la Fiscalía de Delitos Relacionados con Servidores Públicos.
Abandono de familias en refugios. Más de 300 familias continúan viviendo hacinadas en un insalubre conjunto de cabañas de 2 x 3 metros originalmente construidas como refugio temporal, actualmente llamada Villa Rural, en las que sus habitantes esperan, aún, la construcción de su prometida Ciudad y la entrega de otros recursos acordados.
Ante esta situación, no queda más que exhortar tanto a gobierno como iniciativa privada involucrada, tomen cartas en el asunto, lleven a cabo mesas de diálogo abiertas con afectados y, en conjunto, den seguimiento exhaustivo al uso de los recursos aportados, recursos que, cabe recordar, también los dio el pueblo a través de sus impuestos y donaciones anónimas.
El día de mañana, miércoles 20 de julio, se realizará la audiencia constitucional de los trece detenidos de Frontera Comalapa. Esperamos un veredicto favorable pues estamos convencidos de la inocencia e infinidad de irregularidades presentadas en su proceso, el cual documentamos en el informe. Sin embargo de no ser favorable, instemos a todas las organizaciones de derechos humanos del estado de Chiapas, gubernamentales y no gubernamentales a profundiza~ en el caso y emitir sus observaciones para que los detenidos y sus familias dejen va de sufrir la profundización de pobreza que su injusta detención implica
De la misma manera, instamos a la CNDH val CDH de Chiapas, a que agilicen sus investigaciones y emitan las recomendaciones respectivas al caso.
Durante los primeros días de junio, el informe fue presentado a las autoridades federales y estatales. Entre ellas al Gobernador Juan Sabines y al Secretarios de Gobernación, Noé Castañón, a CFE y Conagua, como a CNDH y CEDH, así como se hará ahora con las fundaciones he instituciones privadas, con la finalidad de obtener respuestas y acciones concretas para que se atiendan las graves violaciones a los derechos humanos. Por tal motivo, hemos solicitado audiencias para el seguimiento del caso. El día 16 de Julio de 2011 nos hemos reunido con el Secretario de Gobierno del Estado quien aseguro no conocer el caso de los detenidos de Frontera Comalapa, al igual que señalo desconocer inconformidades por parte de aquellos a quienes se les ha expropiado sus terrenos en la zona del taponamiento. Por su parte se comprometió a dar respuesta al informe en el plazo que marca la constitución, esperamos la respuesta y llamamos a los medios a dar seguimiento.
La temporada de huracanes ya ha comenzado y esperamos que no se sigan acumulando los daños del pasado, que aún permanecen presentes y las nuevas catástrofes, por lo que urgimos a la solución de este caso y una prevención oportuna en los que se prevén.
Organizaciones que respaldan el Informe elaborado por la, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh): Red de Alerta temprana conformada por: Limeddh, la Fundación Diego Lucero A.C., la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM), La asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Observatorio Nacional de Prisiones México (ONP México), la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH), el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM);
abO at International Coalition - América Latina (HIC-AI), Red Mexicana de acción frente al Libre Comercio (RMALe), Maderas del Pueblo del Sureste, AC. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM), Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educ;:;dón Media Superior (SUTIEMS), Delegación D-III-24 administrativos, técnicos y manuales del INAH, de la sección XI del CNTE, Central Campesina Cardenista (Cee), Frente Popular Francisco Villa Siglo XXI (FPFV -SXXI), Sindicato de trabajadores del inca rural (STINCA), Unidad de la Fuerza indígena y Campesina (UFIC), Central de Organilaciones Obreras Y Campesinas Populares (COeyp), Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUe), La Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), Federación de Pueblos Rurales A.C (FEPUR), Unión de Productores Agrícolas Xochiquetzal (UPAX), Comisión Nacional de Cooperación con la Unesco (CNCU), Asociación Promotora Nacional para el Desarrollo Rural y Urbano AC (APENDRU)
Retorno 207, No. 56 - Col. Unidad Modelo - Del. Iztapalapa - 09089 México D.F.
Tel y Fax: (55) 5610-8790 - www.espora.orgjlimeddh - enlace.limeddh@gmail.com, juridico2.limeddh@gmail.com, onp.mexico@gma¡l.com
1 Por la magnitud del operativo, los aprehensores prácticamente realizaron un levantón de personas porque ni siquiera se llegó a distinguir entre manifestantes Y personas ajenas a cualquier movimiento social. Por tanto, nuestra organización no solo reivindica a presos de conciencia, sino también a personas injustamente presas asociadas a motivos políticos
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